La prohibición de las redadas policiales es una declaración de intenciones

En una nota emitida tras la publicación del documento el martes 22, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos consideran que “establecer que no podrá llevarse a dependencias policiales a quien se identifique correctamente, o que no se fijarán cupos de identificación, no implica que dejen de realizarse controles de identidad racistas”.

Daniel Izuzquiza, de la asociación Pueblos Unidos, resume las apenas dos páginas de la circular: “es mejor que la circular que había, porque reconoce cosas que estaban ocurriendo y apunta algunas mejoras, pero es muy ambigua y deja algunas puertas entreabiertas, hay que ver cómo se interpreta”. Hasta el momento, tanto el Gobierno del PSOE como el del PP habían negado la existencia de este tipo de actuaciones policiales.

El despacho de abogados Red Jurídica detalla estas puertas que la circular deja entreabiertas en un documento de análisis difundido hoy miércoles. Pablo Rodríguez, miembro de Red Jurídica y de la red Ferrocarril Clandestino, explica a DIAGONAL que “la prohibición de los cupos de detención está sólo en la parte explicativa del documento, y no en la dispositiva” que detalla las instrucciones concretas. “La prohibición, tal y como está redactado el documento, queda en una declaración de intenciones”, señala Rodríguez.

“No se sabe si no lo han cerrado bien o es que no lo han querido cerrar”, coincide Izuzquiza sobre el nivel de concreción de la circular. Según destaca Red Jurídica, ésta “vulnera la presunción de inocencia de las personas migrantes” porque establece “planes de actuación para expulsar personas extranjeras en situación irregular ’sujetas a procedimientos penales’, pero no necesariamente condenadas”.

Ahora mismo, según documentan los grupos anti redadas y según relatan las personas afectadas, la policía conduce a la persona identificada hasta la comisaría e incluso llega a proponer su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros. En teoría, la circular anula esta práctica dado que sólo serían detenidas aquellas personas que no aporten una identificación mediante “documento oficial o documento que se considere válido” y no puedan aportar una certificación de domicilio.

Los grupos contra las redadas han resaltado que la improcedencia de estas detenciones ya estaba fijada en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo cual no ha impedido que se hayan denunciado constantes redadas contra la población inmigrante. Además, Red Jurídica critica que la circular se vuelva a saltar esta Ley al establecer la obligatoriedad de demostrar el domicilio para no ser detenido.

“También nos preocupa”, señala Rodríguez, “que la circular diga que se puede identificar por la calle a las personas que infundan sospechas. ¿Sospecha de qué exactamente? ¿De ir a cometer un delito? Si la sospecha es por temas administrativos casi están legalizando las redadas de perfil racial”.

La misma mañana en que se conocía la circular, el colectivo murciano Convivir Sin Racismo difundía una fotografía de una redada a la salida de un centro de acogida. Tal y como vienen haciendo asociaciones de inmigrantes y grupos pro-derechos humanos desde 2008, esta asociación denuncia que “la policía identifica selectivamente a personas mediante criterios raciales”, mediante “controles masivos sin indicios de delito (incluso en lugares donde se facilitan prestaciones sociales a personas sin recursos)”.

“Esta misma mañana, un chico que está en un programa nuestro nos contaba que un dispositivo policial estaba deteniendo a gente en la estación de metro de Nuevos Ministerios”, declaraba hoy a DIAGONAL Daniel Izuzquiza, de Pueblos Unidos.

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Fuente: Diego Sanz Paratcha en El Diagonal