Españoles por el mundo, ciudadanos de segunda

Si hay una población que, en los últimos 25 años, ha crecido es la de los españoles residentes en el exterior. Su incremento demográfico ha sido seis veces superior al de los ciudadanos que viven en territorio nacional. Pese a ello, el Estado, carece de una política ad hoc: 1,8 millones de personas son víctima de una falta de visión que la crisis está agudizando.

Esquizofrénico. El de Carmela Silva, actual diputada del PSOE, es un caso digno de estudio. Durante la pasada legislatura, Silva, formó parte de la Comisión Constitucional que, en enero de 2011, envió al pleno del Senado una propuesta de reforma de la Ley Electoral que –en contra de la opinión unánime de todos los órganos de la ciudadanía española en el exterior- introdujo el Voto Rogado fuera de nuestro país.

14 meses, un recurso de inconstitucionalidad y tres procesos electorales después (durante los cuales, como consecuencia de complicaciones administrativas inherentes al Voto Rogado, la abstención en el exterior se disparó por encima del 90%) Carmela Silva declaró en Bruselas en tono mitinero: “Vamos a derogar el voto rogado, peleando juntos. Ahora tenéis a una más para apoyar las reivindicaciones de los españoles en el exterior”.

¿Qué ha cambiado tanto para que en tan poco tiempo, Silva, haya cambiado de opinión tan radicalmente? Muy simple: como preveían los propios militantes socialistas del exterior, la introducción del Voto Rogado ha sido una catástrofe, sobre todo, para su propio Partido. En las últimas semanas, la prensa ha solido comentar que el PSOE ha logrado un escaño adicional en Asturias gracias a 52 sufragios provenientes del exterior.

De lo que, sin embargo, no ha solido hablarse tanto es de que, durante las pasadas elecciones generales, el diferencial entre el PSOE y el PP se redujo en 28 puntos a favor de la derecha. Lo interesante del caso es que, pese a las apariencias, la introducción del Voto Rogado no ha sido determinante en la desmovilización del voto exterior: de hecho, los vaivenes gubernamentales en este terreno han pesado mucho más.

Los vaivenes del Estado

La historia reciente de las políticas públicas de nuestros Gobiernos en el exterior comienza con la aprobación, en 2006, de un Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y termina con el reciente recorte de un tercio de los fondos que, el Estado, le dedicaba a dicha población. Entre medias figura la introducción del Voto Rogado y la proliferación de agencias autonómicas de emigración, abiertas y cerradas en menos de un lustro. Como en el caso de Silva, esquizofrénico.

De hecho, España, se caracteriza por una curiosa paradoja: a pesar de cumplir con todos los requisitos formales para que le sea reconocida la existencia de una diáspora (que, técnicamente, no solo se refiere al caso judío) carece de una política pública ad hoc medianamente homologable. De hecho, comparar lo que hace España con sus ciudadanos en el exterior, con lo que hacen otros países con grandes contingentes de sus nacionales expatriados, sonroja.

Para muestra, un botón: a diferencia de Estados como el irlandés, el australiano o el indio, el nuestro, jamás se ha preocupado por elaborar un informe cualitativo sobre su ciudadanía en el exterior. Al parecer le basta con el cúmulo de datos estadísticos publicados, anualmente, por estas fechas. Más allá de eso, poco o nada se sabe del poder adquisitivo, la influencia, formación, ideas, comportamientos, problemáticas, etc. de nuestros conciudadanos en el exterior.

El formato televisivo de “Españoles por el mundo” es, sin embargo, tan único y exitoso en su género que ya está siendo copiado. En términos prácticos, sin embargo, no resuelve gran cosa. Más bien al contrario: contribuye a descontextualizar lo que, en la historia de nuestro país, ha significado la emigración e incluso lo que, hoy por hoy, sigue significando salir de España: todo, menos un plato de buen gusto orientado, necesariamente, al éxito.

Desmontando estereotipos

Existen demasiados estereotipos en España sobre la ciudadanía en el exterior. De hecho, ni a todos les va como acostumbra a exhibir la televisión ni todos están deseosos de otro de los grandes mitos de nuestros gobernantes: retornar al territorio nacional. De hecho, la única gran encuesta medianamente seria realizada al respecto –por la Junta de Andalucía, en 2009- demuestra que la mayoría de los españoles del exterior no quiere instalarse en España.

Muy lógico si tenemos en cuenta no solo la crisis actual sino el hecho de que dos terceras partes de los ciudadanos españoles en el exterior ni siquiera han nacido en el territorio nacional: son descendientes de otros españoles que, en tiempos pretéritos, se vieron obligados a abandonar nuestro país por motivos muy parecidos a los actuales (o incluso peores: piénsese, sí no, en episodios históricos como la Guerra Civil).

Por si la genealogía no bastara, la realidad es terca: los españoles que viven fuera de España (1,8 millones la mayoría de los cuales están, por cierto, en América Latina y no en Europa) no son muy diferentes, casi desde ningún punto de vista, a aquellos que viven en el territorio nacional. Es más hay dos diferencias que, si cabe, les favorecen: padecen mucho menos desempleo y tienen mayor influencia social de la que tendrían si vivieran en su propio país.

¿Dónde está entonces el problema? Pues, fundamentalmente, entre los españoles que acaban de marchar hacia América Latina (el 40% de los actuales emigrantes). De hecho ellos, como consecuencia de la debilidad de las políticas de Bienestar de los países a los que arriban, constituyen un grupo de riesgo a largo plazo: tener limitadas sus prestaciones les termina convirtiendo en vulnerables de cara al envejecimiento, a la enfermedad, a la dependencia, etc.

El Via Crucis de la emigración

Lo grave es que los Gobiernos españoles, desde el punto de vista social, nunca le han prestado demasiada atención a nuestros conciudadanos en el exterior. Y cuando lo han hecho, han tendido a actuar en términos demagógicos y clientelistas. De hecho, los expatriados españoles nunca han podido cotizar a la Seguridad Social aunque sí suelen ser objeto de gastos puntuales que contribuyen a apuntalar cacicazgos locales y/o a asegurar caudales de votos.

De hecho, las políticas sociales de nuestros Gobiernos en el exterior siempre han estado más cercanas a la Beneficiencia que al Bienestar. Las partidas presupuestarias dedicadas a ellos siempre han sido limitadas y además, han solido ser gestionadas por un conjunto de instituciones locales (casas regionales, centros culturales, clubes, mutualidades, etc.) de filiación ambigua, estructura vertical y prácticas dudosamente democráticas.

Todo ello, en un contexto de transformación de las viejas estructuras de autogestión de los emigrantes –progresivamente cooptadas, directa o indirectamente, por el Estado- ha redundado en una fragmentación social enorme de nuestra ciudadanía en el exterior. Como consecuencia de ello la mayoría de los actuales emigrantes terminan teniendo que gestionar, casi individualmente, su integración en los países de acogida.

Por si lo anterior fuera poco, su relación administrativa con España (en ocasiones, ineludible) también resulta complicada: los ratios funcionario consular/español residente casi nunca se cumplen por lo que realizar casi cualquier trámite burocrático que en España resulta de lo más sencillo, en el extranjero, puede convertirse en un calvario. De hecho, para ellos, la vida se vuelve complicada, incluso cuando vuelven a España de vacaciones.

Es como si vivieran en el limbo. Actualmente, por muy cualificados que estén, siguen siendo parias: extranjeros en sus países de residencia y ciudadanos con pocos derechos reales en España. En dicho contexto, ocurrencias como el ‘Certificado del Emigrante Retornado’ que pretende crear Fátima Báñez suenan extrañas: lo único que los españoles del exterior quieren es vivir tranquilos y con derechos, fuera del país que no logró integrarlos. ¿Cuesta tanto entenderlo?

Juan Agulló

(Fuente: http://www.cronicapopular.es/2012/04/espanoles-por-el-mundo-ciudadanos-de-segunda)